(+34) 931 002 565

Mediante Auto de fecha 18 de febrero de 2015, número 59/15 (ponente señor Martel Rivero), la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, anula los autos dictados por un juzgado de instrucción en los que se autorizaba la instalación de unos dispositivos de escucha en unos vehículos privados.

Aplicando la reciente doctrina del TC emanada de la sentencia de 22 de septiembre de 2014, los considera nulos puesto que “en ninguno de los supuestos contemplados mediaba una habilitación judicial de intervención telefónica extensible al interior de los vehículos en cuestión.”

Los hechos

En el marco de una investigación penal, un juzgado de Instrucción de Madrid, ordena en diligencias sendos autos en virtud de los cuales se autorizó la instalación de dispositivos electrónicos para la captación del sonido ambiental en el interior de los vehículos de los investigados.

El Juzgado de Instrucción nº 5 de Majadahonda, desestima mediante auto el recurso de reforma interpuesto contra dichos autos, con correlativa admisión a trámite de los recursos de apelación subsidiariamente formulados.

Al asumir el Juzgado Central de Instrucción la causa, los recursos de apelación interpuestos por las partes, a los que se adhirió el Ministerio Público, fueron remitidos a la Audiencia Nacional, que finalmente, declara la nulidad de los autos cuestionados, pero no extiende dicha nulidad al resto de diligencias de investigación practicadas.

La sentencia

Sostienen sus defensas, y también el Ministerio Fiscal en su informe de adhesión a ambos recursos, que tales autos han de ser declarados nulos, ante la inexistencia de habilitación legal para la instalación del dispositivo de captación de escuchas y conversaciones en los vehículos. Se basan en la reciente STC de 22 de septiembre de 2014, que superando la doctrina del Tribunal Supremo hasta entonces vigente, ha venido a afirmar que resulta inasumible en casos como el analizado la aplicación analógica de la normativa aplicable sobre las intervenciones telefónicas.

Recordemos que la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, de fecha 22 de septiembre de 2014, rechazó la validez de la prueba obtenida mediante la intervención de las comunicaciones verbales directas entre los detenidos en dependencias policiales, es decir, que puedan grabarse las conversaciones que los detenidos mantienen en los calabozos, porque este tipo de intervenciones no están previstas ni por la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) ni tampoco en la Ley General Penitenciaria.

Se cita el efecto, el argumento de la sentencia del Constitucional acerca de la ausencia total y completa de la ley «Y es que el artículo 579.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se refiere de manera incontrovertible a intervenciones telefónicas, no a escuchas de otra naturaleza, […]; ámbito que por su particularidad debe venir reforzado con las más plenas garantías y con la debida autonomía y singularidad normativa».

La Sala concluye que el supuesto estudiado guarda “íntima relación” con el de dicha sentencia, pues en ninguno de los supuestos contemplados mediaba una habilitación judicial de intervención telefónica extensible al interior de los vehículos en cuestión.

Adolecen de nulidad absoluta por tanto los autos impugnados, por aplicación de la doctrina asentada por la mencionada STC.

Difieren los recurrentes imputados y la acusación pública adherida en los efectos de dicha declaración de nulidad, puesto que mientras los primeros son partidarios de la plena extensión de la nulidad a toda la investigación desplegada, el Ministerio Fiscal entiende que, a pesar de la evidente nulidad de los autos, las demás diligencias de investigación no se hallan afectadas por ninguna conexión de antijuridicidad, al constituir actuaciones independientes.

En su fallo, la Sala de lo Penal declara la nulidad de dichos autos, sin que dicha nulidad sea extensible al resto de las diligencias de investigación practicadas.

¿Grabar una conversación con el jefe vulnera su derecho a la intimidad ?

La primera de las cuestiones es la que se dilucidó en el seno de la Sala Civil del Tribunal Supremo, que dio lugar a la Sentencia nº 678/2014 de 20 de noviembre de 2014; y cuya respuesta dependerá de las circunstancias de cada caso.

En síntesis D. Fernando, jefe de Teresa, formuló recurso de casación por vulneración de su derecho a la intimidad (art. 18.1 CE) porqué su empleada había grabado con el móvil la conversación que ambos mantuvieron cuando éste le entregaba una carta en la que se la amonestaba con suspensión de empleo y sueldo mientras la invitaba a que se fuera. Consideraba por tanto, que este hecho constituía una intromisión ilegítima a tal derecho porqué la grabación se realizó en el ámbito privado del domicilio de la empresa y sin su conocimiento.

Teresa alegaba que su conducta no tenía encaje en la L.O. 1/1982 porqué la grabación tuvo lugar en la vía pública, en la entrada de la empresa. Además, existía una situación previa de conflicto laboral que, en diversas ocasiones, propició la intervención de los tribunales, los cuales estimaron sistemáticamente sus pretensiones; por lo que, la finalidad de la grabación no era otra que asegurarse prueba para un futuro litigio en relación a la sanción. De hecho, la grabación era de tan mala calidad que ni siquiera pudo hacerla valer como prueba en el proceso judicial social que tuvo lugar con posterioridad.

Por su parte, el Ministerio Fiscal solicitó la desestimación de las pretensiones de D. Fernando porqué la conducta de Teresa no constituía ni una vulneración del derecho a la intimidad ni siquiera del derecho al secreto de las comunicaciones (art. 18.3 CE).

Objeto de debate

Consiste en determinar si la conversación grabada afectaba, o no, a la esfera de la intimidad personal del empleador.

Respuesta del Tribunal Supremo a la cuestión planteada: los 3 motivos principales

A pesar de que el Tribunal Supremo recuerda su criterio conforme el cual el derecho a la intimidad también se predica en el ámbito de las relaciones laborales, desestima el recurso de D. Fernando y concluye que la conducta de la trabajadora no supuso una intromisión ilegítima a su derecho a la intimidad personal porqué:

  1. La conversación se mantuvo entre ambos y de lo manifestado por el empleador no se desprende ninguna referencia a su ámbito privado que no pudieran conocer los demás, pues estaba actuando como representante de la empresa ejerciendo responsabilidades disciplinarias. Tanto es así que la conducta de la trabajadora tiene sentido dada la existencia de una situación previa de conflicto. (Nótese además, que es con independencia de que la conversación se mantuviera en la vía pública, pues es un ámbito donde también entra en juego el art. 18.1 CE.)
  2. Del contenido de la grabación no hay nada que pueda entenderse como concerniente a la vida íntima o intimidad personal del empleador.
  3. Tampoco existe una vulneración del secreto de las comunicaciones porqué la trabajadora intervino como parte en la conversación. Pues, los que incurren en una conducta contraria al art. 18.3 CE son aquellos que graban una conversación entre terceros. (En este sentido, el Tribunal Supremo recuerda que el concepto de “secreto” tiene un carácter formal y que se refiere a lo comunicado, con independencia de que su contenido pertenezca o no al ámbito privado).

Análisis del supuesto desde otro punto de vista: la protección de datos

¿El fallo hubiera sido el mismo si la controversia de hubiese planteado desde el punto de vista de una posible vulneración de la normativa en materia de protección de datos?

Los art. 3.a) LOPD y 5.1.f) RLOPD contemplan que la voz constituye un dato de carácter personal en la medida en que se trata de una información acústica que identifica o hace identificable a una persona física; y por ende, por  norma general, para tratar la voz (en este caso, grabarla), se precisa el consentimiento del afectado. De modo que, a falta de consentimiento cualquier operación para tratar la voz devendría contraria a la normativa en materia de protección de datos.

Ahora bien, en nuestro supuesto, caben un par de matizaciones sobre el ámbito de aplicación de la LOPD y del RLOPD: 1) considero que no operaría la excepción prevista en el art. 2.2. a) LOPD para los ficheros mantenidos por personas físicas en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas. Pues, la trabajadora quedaría sujeta a esta normativa –y por tanto, a su régimen sancionador- por cuanto el tratamiento de datos que realiza sobre la voz de su jefe no se circunscribe única y exclusivamente en su ámbito personal sino que lo aporta fuera de él, esto es, en un procedimiento judicial social (SAN 15/06/2006); pero, por otro lado, y a falta de datos más específicos, 2) se podría discutir si, de conformidad con el art. 2.3 RLOPD por la condición de empresario, su voz se incluiría en el ámbito de aplicación de dicha normativa o no. A mi juicio, entiendo que se debería aplicar las disposiciones en materia de protección de datos en la medida en no podemos diferenciar cuando este dato se limita a las actividades empresariales o a su actividad privada. La única diferenciación que cabe radica respecto del contenido que se transmite a través de la voz (lo que es el objeto de análisis para el art. 18.1 CE), pero no como dato personal en sí porqué la voz se utiliza tanto en un ámbito como en otro.

En este sentido, aplicando la LOPD y teniendo presente que la finalidad última de la empleada era una suerte de preconstitución de prueba, ¿existe algún precepto que la ampare incluso ante este nuevo escenario y que la exime, además, de considerar que su conducta constituye una cesión ilícita de datos?

En efecto, los art. 6, 11 LOPD, y 10 RLOPD requieren el consentimiento del afectado para tratar sus datos, salvo en determinadas circunstancias; analizadas las cuales encontramos tres (3) posibles vías que ampararían la conducta de la trabajadora. Veámoslas:

  1. Porqué D. Fernando y Teresa son partes de un contrato en una relación laboral y estos datos eran necesarios para el cumplimiento del mismo. Podría entenderse que obtener la grabación serviría como prueba ante un tribunal para analizar si la sanción que se le impuso se ajustaba o no a la normativa laboral y/o a las cláusulas establecidas en el contrato.
  2. Porqué el tratamiento y posterior cesión de la grabación tenía como finalidad la satisfacción de un interés legítimo de la trabajadora amparado por una norma, en este caso, el derecho de defensa y el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes; por lo que su actuación quedaría justificada por el art. 24.2 CE. (A propósito, en este sentido falló recientemente el Tribunal Supremo en la Sentencia de 03/12/2014.)
  3. Porqué la comunicación de los datos tenía como destinatarios los Jueces y Tribunales, en concreto, los de la jurisdicción social.

En definitiva, este nuevo escenario conduciría al mismo fallo: se aplicara o no la normativa en materia de protección de datos, la conducta de la empleada sería legítima.

Lo grabado sin avisar por cámaras de vigilancia también valdrá como prueba

La instalación temporal de cámaras de grabación de imágenes en el puesto de trabajo sin avisar a los trabajadores afectados -sino únicamente al presidente del comité de empresa- debido a la existencia de sospechas fundadas de que el trabajador está robando a la empresa, no vulnera su derecho a la intimidad y a la propia imagen y, por tanto, el despido disciplinario basado en las imágenes es procedente.

Así lo sostiene el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, en esta sentencia de 9 de febrero de 2015, de la que ha sido ponente el magistrado Juanes Fraga, que resuelve un caso en el que un trabajador venía prestando servicios para una tienda de ropa desde junio de 2006. En diciembre de 2012 se hizo un inventario en la empresa, echándose en falta un total de 112 prendas, cifra muy superior al número de faltantes en anteriores inventarios (en torno a cuatro).

En 2013, la dirección empresarial comunicó a la presidenta del comité de empresa que había decidido instalar unas cámaras ocultas que enfocarían a los armarios donde se guarda el producto para así detectar quién o quiénes podían estar apropiándose del mismo. Para la instalación de las cámaras, la empresa acudió a una agencia de detectives privados. Gracias a las grabaciones, la empresa comprobó que el trabajador tenía guardadas varias prendas, que plegó y guardó en bolsas para llevárselas, que coincidían con las echadas en falta en la realización del inventario. Por este motivo, la empresa acordó incoar expediente disciplinario y despedir al trabajador. Tanto el Juzgado de lo Social número 2 de Madrid, como ahora el TSJ declaran la procedencia del despido.

El trabajador impugna como prueba “válida, idónea y proporcional” la grabación de las imágenes porque, en su opinión, se vulnera el derecho regulado en el artículo 18.4 de la Constitución, relativo a la limitación del uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal.

A la misma conclusión llegó la Agencia Española de Protección de Datos en el informe emitido como diligencia final -pero no vinculante para el TSJ-. Aquel informe criticaba, además, que no se habían colocado carteles informativos de las zonas de grabación, ni se había notificado a los representantes de los trabajadores.

Sostiene el TSJ que el caso es idéntico al enjuiciado por el Tribunal Constitucional en sentencia 186/00. Dijo en aquel caso el Alto Tribunal que era una medida justificada (ya que existían razonables sospechas de la comisión por parte del trabajador de graves irregularidades en su puesto de trabajo); idónea para la finalidad pretendida por la empresa (verificar si el trabajador cometía efectivamente las irregularidades sospechadas y en tal caso adoptar las medidas disciplinarias correspondientes); necesaria (ya que la grabación serviría de prueba de tales irregularidades); y equilibrada (pues la grabación de imágenes se limitó a la zona de la caja y a una duración temporal limitada). Por estos motivos, el Constitucional descartó que se produjera lesión alguna del derecho a la intimidad personal.

Finalidad buscada

Añade además que, en tanto que la instalación de las cámaras atiende a las sospechas fundadas de que el trabajador estaba sustrayendo prendas, “sería absurdo exigir a la empresa una comunicación a los trabajadores de la instalación de las cámaras (…) así como la colocación de carteles de publicidad pues, de esta forma, se arruinaría con toda seguridad la finalidad buscada”. Por ello, continúa el fallo, “hay que considerar admisible la sustitución de la información a los trabajadores por la efectuada al presidente del comité de empresa”.

aEp86_xwxaFCwo6Lbo0h8kVI7r9pY3sAT1pfuDA0MN4