(+34) 931 002 565

La nueva Ley de Seguridad Privada, que regula la actividad de los detectives, aprobada por el Congreso el pasado 20 de marzo y que endurece los requisitos para sus actividades, ha desatado una fuerte polémica en el colectivo ante su inminente entrada en vigor. Hay detectives favorables a ella y otros férreamente contrarios, dado que entienden que supone una restricción y censura a su actividad. No opinan así tres de las más importantes asociaciones de detectives españoles (el Colegio de Detectives de Valencia, la Asociación de Empresas de Detectives y la Agencia de Detectives Privados de España, Anadpe), que ven con buenos ojos que la nueva normativa “otorga mayores garantías a los ciudadanos que contratan a una agencia”.

Estas asociaciones aglutinan, según sus representantes, a casi la mitad de los aproximadamente 1.000 detectives que ejercen esta actividad en España (aunque hay unas 3.000 licencias). La nueva norma, nacida tras la polémica desatada por las actividades de espionaje de la agencia Método 3, exige que los detectives oficialicen un contrato de prestación de servicios con el cliente, que dispongan de un seguro de responsabilidad civil y fija líneas de colaboración entre la policía y los detectives cuando se trate de indagar delitos. “Algo que ya existía pero que ahora se institucionaliza”, señalan estas agencias.

Se ha formado un grupo de trabajo integrado por estas asociaciones y agencias, que esta misma semana han presentado propuestas para el desarrollo del nuevo reglamento de seguridad privada, teniendo en cuenta los aspectos relacionados con los estudios y formación de los detectives de grado, colaboración y cooperación con los cuerpos y fuerzas de seguridad, identificación ante organismos públicos y privados, contratos centralizados con la administración pública e investigación en cooperación con las autoridades policiales en determinados delitos, entre otras cuestiones que se irán perfilando durante el desarrollo reglamentario de la nueva ley.

El presidente de Anadpe, que representa a algunos de los despachos de detectives más importantes de España, Antonio Marín, sostiene que la nueva ley “en nada perjudica la confianza y confidencialidad hacia nuestros clientes; al contrario, mantienen los exigentes niveles de sigilo y secreto ya existentes”. Su vicepresidente, David Blanco, también valora la nueva normativa, aunque explica que esta ley debe, en su desarrollo, ser “concretada”.

El Colegio Oficial de Detectives de la Comunicad Valenciana, cuyo presidente es Eloy de Paco, también considera esta ley como “un punto de partida en el desarrollo de las nuevas relaciones que deben imperar entre los detectives y las autoridades policiales y judiciales del país”. La Asociación de Empresas de Detectives Privados, que preside José María Vilamajó, afirma que “la ley ha conseguido pulir algunos de los aspectos más espinosos; si bien, en la actualidad, existen otros que merecen ser revisados y moldeados con vista al próximo reglamento”.

Agustín Ruiz, vicepresidente de Anadpe, concluye: “La nueva ley garantiza los derechos de los ciudadanos y profesionales de la investigación, y marca las líneas de cooperación policial y judicial en beneficio de la sociedad, para los próximos años. Sin duda, la nueva regulación para el sector de la seguridad privada es un aliciente en tiempos de crisis, y esperamos que mejore la eficacia en la prestación de los servicios, la eliminación de situaciones que dan lugar al intrusismo profesional y, además, dota a la ley del respaldo jurídico necesario para el ejercicio de las funciones de todo el personal de seguridad privada”.

Siete mentiras sobre los detectives que nos tragamos a pies juntillas.

1.“Cualquiera puede ser detective”.
Para obtener la licencia oficial de detective, hay que cumplir una serie de condiciones, entre ellas superar pruebas físicas y psíquicas, poseer un diploma específico, no ser funcionario, no tener antecentes penales… entre otras muchas incompatibilidades .

La formación de detective privado está regulada por el ministerio de Educación. Se imparte en 17 universidades españolas públicas o privadas. Con 1800 horas y tres cursos se puede obtener el equivalente a una diplomatura. El título universitario en Crimilogía especializado en detective requiere cuatro años de estudios. La licencia de detective la expide el ministerio de Interior.

2. “Es un sector que no está controlado”.
Los detectives están regulados por ley, concretamente por la 23/1992 del 30 de julio de 1992. La parte que hace referencia a los detectives

Además, la policía nacional lleva un registro tanto de todos los detectives que hay en España como de sus actividades (pero en ningún caso de los clientes o del contenido de las investigaciones).
3. “Los detectives pueden investigar a cualquiera y cualquier cosa y no les pasa nada”.
Los detectives no pueden investigar acciones que por su naturaleza son perseguibles de oficio.

La responsabilidad de una investigación viene determinada por factores que deben ser analizados en cada caso particular, “los detectives privados solo estamos legitimados para realizar una investigación cuando exista causa legítima, pero puede darse el caso de que un cliente engañe de mala fe al detective, alegando que está legitimado, y en realidad no es así, siendo en este caso la responsabilidad del cliente”.

Por otro lado, un detective debe conocer cuáles son sus límites legales y no sobrepasarlos, exponiéndose a cometer un acto delictivo o una falta administrativa, siendo totalmente responsable el mismo.
4. “Cuando graban conversaciones privadas, incumplen la ley”
Sería ilegal sólo si ninguna de las personas afectadas por la grabación ha dado su consentimiento o si las grabaciones son usadas para fines no lícitos (extorsiones, chantajes, difamación, etc)
5. “Cuando trabajan conocen delitos y se callan”
Por ley, todo ciudadano está obligado a avisar a las autoridades si presencia un delito, y los detectives están especialmente obligados a ello. Como suelen pasar mucho tiempo en la calle haciendo seguimientos o vigilancia, es frecuente que ayuden a la policía en delitos relacionados con el tráfico de droga o las falsificaciones de marcas, poniendo a disposición de la Justicia la información necesaria.
6. “La mayoría de los detectives son ex policías”
Al principio muchos policías retirados colaboraban con las agencias de detectives, pero ya no es así, como explica la presidenta de los detectives españoles en esta entrevista, hace tiempo que el perfil profesional cambió. La mayoría está vinculado al mundo del derecho y a las empresas de seguridad.
7. “Los detectives investigan sobre todo asuntos sentimentales”
La investigaciones por infidelidad han bajado en la medida que ya no constituyen delito y no se presentan como prueba para los juicios de divorcio. Ahora son las cuestiones laborales y empresariales las demandas más habituales a las agencias de investigación: supuestas bajas fraudulentas, acosos laborales, variación de las condiciones de pensiones alimenticias, etc.

 

Imponen costas a un padre que ocultó datos para rebajar la pensión a su hijo

Un juzgado de Sevilla ha impuesto las costas procesales a un padre por ocultar datos económicos con el objetivo de rebajar la pensión de alimentos que remite mensualmente a su hijo, una decisión que fuentes judiciales ha considerado “insólita” en casos de litigios familiares.

La resolución de la juez de primera instancia 7 de Sevilla, Antonia Roncero, se basa en que “la ocultación de datos económicos en la demanda es patente” y ha generado “unos gastos procesales innecesarios”, según recoge la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe.

El padre, un antiguo piloto de Iberia, pidió una modificación de la sentencia dictada por la Audiencia de Sevilla de 2008, que establecía una pensión de alimentos mensuales de 1.100 euros al mes para su hijo, que tiene 19 años.

En su demanda, el piloto alegaba que se debía reducir la pensión a 500 euros mensuales porque en 2013 se jubiló y pasó a cobrar 2.043 euros mensuales, lo que le dejaba con unos 900 euros al mes para vivir.

Sin embargo, un informe de una agencia de detectives privados determinó que el antiguo piloto cobraba una renta temporal financiera que, junto a la pensión, sumaba una cantidad mensual de 5.257 euros al mes.

Además, la sentencia también subraya que el expiloto tiene un patrimonio inmobiliario con seis propiedades, según recoge un informe que no ha sido impugnado, señala la juez antes de indicar que no han variado las circunstancias económicas que se tuvieron en cuenta para establecer en 1.100 euros la pensión alimenticia para su hijo.

Entre el patrimonio inmobiliario, el informe de los detectives detecta un apartamento en Madrid, dos en Sevilla, dos viviendas unifamiliares y una vivienda en la playa, y también recoge que tiene seis vehículos en propiedad, todos ellos en uso.

Por todo ello, la sentencia desestima la demanda del expiloto para rebajar la pensión a su hijo y señala que existe la posibilidad de recurrir la decisión en apelación ante la Audiencia Provincial.

En la tasación de las costas, la secretaria judicial ha incluido como gastos el informe de los detectives privados aportado a la causa en virtud del artículo 241.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, lo que la empresa de espías asegura que no les ha ocurrido en los últimos treinta años, han añadido las fuentes. EFE

aEp86_xwxaFCwo6Lbo0h8kVI7r9pY3sAT1pfuDA0MN4