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La crisis económica que atravesamos ha supuesto un aumento de prácticas fraudulentas de toda índole; entre ellas llama la atención una que se viene detectando en los últimos tiempos, los divorcios simulados o falsos.

El supuesto típico sería el de un empresario, casado en régimen de gananciales, al que no le va bien el negocio y ha contraído deudas, por lo que es previsible la iniciación de embargos.

Como una manera de evitar u obstaculizar el embargo, el empresario deudor toma la decisión de divorciarse de su cónyuge, pese a que en realidad el matrimonio sigue conviviendo y realizando vida en común, cediéndole los bienes susceptibles de embargo y quedándose en el reparto sólo con las acciones de la sociedad.

Esta práctica se ve favorecida por la dificultad de probar que el divorcio es simulado, entre otras cosas porque el procedimiento de divorcio de mutuo acuerdo es mucho más rápido que cualquier otro procedimiento judicial que pueda finalizar con el embargo de bienes, pese a que el deudor supiera desde antes de tramitar el divorcio que le iban a embargar.

De quedar acreditado el fraude, al empresario deudor se le podría imputar un delito de alzamiento de bienes o insolvencia punible, del que ya hemos hablado en otras ocasiones, y de un delito contra la Administración de Justicia.

Los divorcios falsos, no sólo se llevan a efecto en supuestos en los que se pretende conservar el patrimonio, sino también para conseguir otro tipo de fines como, por extraño que pueda parecer, el que los hijos puedan conseguir plaza en el colegio deseado.

Algunos Juzgados de Familia de diversas Comunidades Autónomas, como la de Andalucía, llegaron a esta conclusión ante el aumento significativo de los procedimientos de divorcio producidos en los meses de marzo, fecha en la que suelen presentar las solicitudes de escolarización.

De hecho, en los Juzgados de Familia de Sevilla, llegaron a aumentar hasta en un 50%, en un solo mes, las peticiones de divorcio o separación de mutuo acuerdo, cuando lo cierto es que las fechas en que tradicionalmente se disparaban las separaciones y divorcios siempre han sido las de octubre, tras las vacaciones de verano y en enero, después de las vacaciones de Navidad.

Algunos Juzgados incluso han detectado que hay parejas que, semanas después de separarse, tras concluir el proceso de escolarización y tras conseguir plaza en el centro escolar elegido, vuelven al Juzgado para solicitar la reconciliación, lo que les permite inscribir de nuevo la unión en el Registro Civil.

Casos extremos que han llevado a distintas Comunidades Autónomas, como la de Cataluña, a endurecer las normas reguladoras del acceso a los colegios.

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