En menos de un mes entra en vigor la nueva Ley de Seguridad Privada que pondrá freno al intrusismo laboral, pero que deja aún deja fuera del alcance de los detectives el acceso a información necesaria en el ejercicio de su labor.

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De aspecto amigable. Algo despistado. Con gabardina, look ligeramente desaliñado y fumando puros rancios. Con esta descripción seguramente sean muchos los que piensen en el teniente Columbo, el famoso detective de la brigada criminal de Los Ángeles. Huyendo de los tópicos, lo cierto es que la figura del detective privado en España dista mucho de este u otros estereotipos. En menos de un mes entrará en vigor la nueva Ley de Seguridad Privada aprobada por el Partido Popular, que regulará el sector y pondrá coto al intrusismo. Sin embargo, aún son muchas las incógnitas de una profesión que cuenta con unas 1.300 licencias activas en nuestro país. Un tercio de ellas están en Catalunya. Desde el colegio catalán, uno de los tres que hay en el estado, se critican algunos aspectos que no se han recogido, como el acceso a información que otras profesiones sí que tienen, o el hecho de poder tener un detective de oficio. Unas reivindicaciones que hace Enrique Arranz, presidente del Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya, la única entidad en España que cada mes presenta denuncias por intrusismo laboral.