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Según la citada noticia, los “detectives privados” contratados por ciudadanos no es un despacho de detectives privados sino una “asesoría especializada en análisis y estrategias y consultoría en información crítica.”

Esta noticia ha creado malestar en el colectivo de detectives privados, ya que, si bien comparten, como no podía ser de otra forma, la utilización de servicios de investigación privada en pro de la lucha contra el fraude y la corrupción, entienden que en este caso se podría estar incurriendo en intrusismo profesional o incumplimiento de la normativa vigente.

La ley 5/2014 de Seguridad Privada, que regula entre otras la profesión de detective privado y sus funciones y quién está legalmente habilitado para realizar investigación privada, establece en su art. 48 que los detectives privados se encargaran “ de las averiguaciones que resulten necesarias para la obtención y aportación de información y pruebas..”Asi mismo establece en su art. 37.1 que “los detectives privados se encargaran de la ejecución personal de los servicios de investigación privada a los que se refiere el art.48. y dota a los despachos de detectives de “carácter exclusivo y excluyente” para determinados supuestos de actividades de investigación privada (art. 5).

Los detectives denuncian que, sobre todo en estos últimos años de crisis, se están ofreciendo servicios propios de investigación privada por parte de consultoras, asesorías, analistas de inteligencia, etc, que no son detectives, y que en el mejor de los casos subarriendan licencias o llegan a acuerdos con algunos detectives para desarrollar servicios de investigación privada reservados únicamente a despachos de investigación legalmente habilitados.

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