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Una empresa de seguridad en internet de EEUU informó este lunes de que ha detectado un nuevo tipo de software que ataca a los dispositivos de la marca Apple, tanto iPhones como iPads y ordenadores Mac, y que ya ha afectado a cientos de miles de usuarios.El nuevo software contra Apple, diseñado para causar daños o sustraer información de forma ilegal de ordenadores y otros dispositivos electrónicos, tuvo su origen en China y se propagó a través de la tienda de aplicaciones on-line de ese país Maiyadi App Store.En un comunicado, la empresa Palo Alto Networks, responsable del hallazgo, indicó que se ha bautizado a este nuevo software maligno como WireLurker y que constituye la amenaza “a mayor escala” que jamás habían visto dirigida contra los productos de Apple.

Según la compañía californiana, con sede en Santa Clara, WireLurker ha infectado “a 467 aplicaciones diseñadas para el sistema operativo Mac OS X” que se encuentran disponibles en la tienda virtual Maiyadi App Store y que han sido descargadas más de 356.104 veces durante los últimos seis meses.

Esto no significa necesariamente que 356.104 usuarios hayan sido afectados, ya que no se sabe cuándo exactamente fueron infectadas las aplicaciones y por qué algunos de los dispositivos pueden haber neutralizado el software maligno, pero sí supone que todos ellos han estado, por lo menos, expuestos de forma potencial a este riesgo.

Aunque las aplicaciones infectadas están diseñadas para sistemas operativos de ordenadores Mac, la empresa alertó de que el software WireLurker también puede haberse trasladado a iPhones e iPads en caso de que estos se hayan conectado mediante una conexión USB a un ordenador infectado.

“WireLurker monitoriza cualquier dispositivo con sistema operativo iOS que esté conectado vía USB a un ordenador infectado y le instala las aplicaciones con el software maligno”, indicaron desde Palo Alto Networks.

Entre otras cosas, WireLurker puede robar información relativa a contactos telefónicos, acceder a mensajes privados y controlar aspectos de cada dispositivo como la descarga de actualizaciones, además de constituir una vía de acceso a los dispositivos para los hackers. Por el momento, Apple ha evitado pronunciarse sobre este nuevo hallazgo.

 

El conflicto de intereses: implicaciones en el ámbito del Compliance.


Las normas para prevenir el conflicto de intereses, en cuanto circunstancia que afecta a la adecuada toma de decisiones, son una constante en los ordenamientos jurídicos, tanto públicos como privados. Ejemplos son los artículos 217 y 219 de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial en materia de incompatibilidades de los jueces, el artículo 28 de la ley 30/1992 RJAP-PAC, la Ley 5/2006, de 10 de abril, de regulación de los conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General del Estado o, en el derecho privado, la prohibición de la autocontratación del artículo 1459 de nuestro Código Civil y el artículo 229 del Texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Las normas en materia de compliance no son ajenas a este tema y así, se establecen barreras para evitar el conflicto de interés en el ámbito de la auditoría contable (artículo 12 del Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas), la prevención de riesgos laborales (32.2. del Real Decreto 39/1997 de 17 de enero por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención) o la prevención del blanqueo de capitales (artículo 28.2 de la Ley 10/2010).

Con los antecedentes señalados, cabe preguntarse cómo aparece regulada la figura del conflicto de intereses en el marco de la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. Y, a la vista de la (escasa) normativa reguladora, se nos presentan dos apartados en donde la cuestión va a hacerse patente con toda su importancia:

•La elaboración del modelo o plan de prevención de dicha responsabilidad.
•El control del modelo.

En lo que respecta al diseño e implementación del plan de compliance, hay que reseñar la importancia del mapa de riesgos, que va a ser la base del plan de medidas que deben reducirlo a niveles asumibles. Pues bien, en la detección del riesgo, poca objetividad cabe si quien va a analizar las causas de riesgo ha intervenido previamente en los mecanismos de prevención del mismo. Nos referimos, por ejemplo, al control del fraude contable o fiscal, si el análisis de riesgo lo hace el propio asesor fiscal. Así pues, la independencia de la persona o entidad que va a diseñar o implementar el Modelo de Prevención del Riesgo Penal, es condición “sine qua non” para la credibilidad y, en consecuencia, validez del mismo.

El conflicto de interés en el campo de la prestación de servicios se ha burlado habitualmente repartiendo las distintas tareas en conflicto a las diversas empresas o divisiones de los grupos empresariales de consultoría. Pero debemos tener en cuenta que estas prácticas seguramente no encuentren la aquiescencia del juez encargado de juzgar un delito cometido en el seno de una persona jurídica, que podría anular la validez del programa de compliance.

El segundo aspecto, una vez implementado el plan de compliance, es someter su cumplimiento a un control que evite que se convierta en papel mojado. En este sentido, el Proyecto de Ley Orgánica por el que se modifica el Código Penal, en su artículo 31. Bis 2. 2ª), condiciona la exención de responsabilidad penal de la persona jurídica a que “la supervisión del funcionamiento y cumplimiento del modelo de prevención implantado ha sido confiado a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y control”. En el caso de personas jurídicas autorizadas a presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, esta función la puede asumir el órgano de administración.

Resolver la cuestión no es sencilla puesto que, al fin y al cabo, la financiación del plan de cumplimiento, que debe disponer de “modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos”, y la retribución económica del propio órgano de control, dependen de la dirección que va a ser sometida al mismo.

Puesto que la dependencia económica del controlador respecto a la dirección siempre se dará en mayor o menor medida, para garantizar el recto proceder del órgano de control y hacerlo valer ante un tribunal, deberá cumplir dos condiciones:

1.La autonomía funcional: mediante un régimen de funcionamiento que excluya cualquier injerencia, tanto a priori, vía autorizaciones o habilitaciones, como a posteriori, vía rendición de cuentas, de los órganos de administración. Asimismo, deben concedérsele amplias facultades de acceso a la información que le permitan que el control sea efectivo.
2.El nombramiento y blindaje del miembro o miembros que lo forman: estableciendo un régimen de incompatibilidades que evite vínculos personales o económicos con la dirección, y un blindaje frente a represalias por las decisiones que adopten, mediante mecanismos contra el despido por ejemplo.

Podemos concluir que la regulación de los modelos de prevención de delito, a pesar de su concisión, es exigente y clara en cuanto a los requisitos que se predican de los modelos, para que surtan sus efectos, haciendo hincapié en la eficacia, vigilancia, control y autonomía entre controlador y controlado. Y una premisa necesaria para el cumplimiento de dichos requisitos, es la adopción de las medidas que eviten la existencia de conflictos de interés, que pongan en peligro la necesaria objetividad e independencia de los encargados y puedan comprometer la labor de prevención y la integridad de la organización.

Nunca debemos olvidar que el fiscalizador último de la validez de un programa de compliance en materia penal va a ser un órgano judicial de dicho orden, cuya decisión última puede conllevar sanciones muy cuantiosas para el sujeto. Y dado que la validez del programa de cumplimiento va a suponer la diferencia entre ser imputado o no, es necesario rodearlo de las mayores garantías. Porque no podemos obviar la baza que para el fiscal o la acusación particular puede suponer que, por ejemplo, el auditor de las cuentas impugnadas por posible falsedad, sea el mismo que, al diseñar el plan de compliance, no detectó ningún tipo de riesgo contable.

Por último, no podemos dejar de resaltar en este análisis, a los titulares de los diversos bienes jurídicos que la nueva regulación penal pretende proteger. Nos referimos a la libertad y seguridad de las personas, el derecho al honor y la privacidad, el crédito mercantil y la ética empresarial, la salud laboral o el interés general atribuido a las Administraciones Públicas, entre otros, que son tenidos en cuenta por los distintos tipos delictivos objeto del programa de compliance. Así, la aparición de los diversos stakeholders que se relacionan con la empresa como empleados, clientes, proveedores, Administraciones Públicas, medio ambiente y sociedad en general, nos muestra un universo de intereses que tienen la suficiente trascendencia como para no ponerlos en colisión con los intereses particulares propios de los actores protagonistas en el terreno de juego del compliance.

 

Paulina Rubio contrató a un detective para que siguiera a Colate.

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La cantante Paulina Rubio contrató a un detective privado que siguiera los movimientos de Nicolás Vallejo Nágera y así poder desacreditar al padre de su hijo en su lucha por quitarle los derechos de custodia.

La lucha por la custodia ya ha empezado, y cualquier comportamiento inapropiado puede ser utilizado en contra de ambos progenitores. Paulina lo tiene claro y apuesta fuerte diciendo que Colate «sacó al niño fuera de la casa cuando estaba enfermo a pesar de que ella le pidió que no lo hiciera» y que también se negó a «cambiarle el pañal». Además afirma que él «dejó al niño en el carrito sin ser atendido y fuma cerca del niño de manera continuada». Todo ello gracias a las indagaciones del investigador privado.

Ante estas irresponsabilidades del padre, Paulina expone que tiene la intención de quitarle todos los derechos de la custodia. Aunque también hay que decir que Colate cumplió con el acuerdo al que llegaron de contratar un niñera que estuviera de día y de noche cada vez que le tocará a este cumplir con sus labores como padre.

Detectives privados: Tras la pista de la infidelidad

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En algunos casos es la última solución, la más desesperada, en busca de lograr alguna prueba que capture a su pareja cometiendo la tan temida infidelidad. En otros es sencillamente la primera opción, con el propósito de apostar sobre seguro y no dejar rienda suelta a elucubraciones sobre posibles engaños. Son los detectives privados que, entre otras muchas funciones, ostentan la de ser ‘cazadores de infieles’.
Así son
“Paciencia, sacrificio, habilidad y tesón”, con esas cuatro palabras define Iglesias a todo buen investigador privado, que, añade, ha de tener “mucha afición por este trabajo”. Además son necesarias ciertas exigencias materiales como unas “buenas cámaras fotográficas y de vídeo y un buen vehículo” que facilite ejecutar su labor con la mayor diligencia posible. “Instrumentos de trabajo básicos”.
Contacto
Es fácil llegar a entablar una relación laboral con los detectives privados. Para ello,el cliente “debe acudir a los despachos de los profesionales titulados” con especial atención a los no profesionales del sector. Y es que “hay mucho intrusismo ilegal”, advierte. De esta forma, aconseja que “el cliente pida al detective su número de licencia profesional, que el Ministerio del Interior facilita a cada detective”, con el fin de asegurarse que el servicio que está contratando es netamente fiable.
A la hora de pagar
El precio por sus habilidades oscila entre los 42 y 108 euros por hora empleada y con la participación, generalmente, de dos personas en el trabajo. Una horquilla bastante amplia, ya que si bien “los colegios profesionales tienen unas tarifas mínimas legales expuestas al público, cada detective cobra lo que considera oportuno”, revela Iglesias. Esa cantidad varía atendiendo “a la complejidad del caso y la ciudad donde haya que investigar”, ya que “no es lo mismo Barcelona que Ávila”, sentencia.
Modus operandis
Los clientes que recuren a un detective privado para tratar de desenmascarar una infidelidad son de muy diversa índole, “aunque es verdad que hay más hombres que mujeres, en una proporción de 65% por 35%”, informa Javier Iglesias. De forma casi única, la relación detective-contratante comienza con la típica sospecha “mi marido (o mi mujer) sé que tiene algo. A continuación, y una vez descritos todos los datos de interés sobre el objeto del trabajo como sus características físicas, trabajo, círculo social, amigos…, “se pone en marcha la investigación”.
Las pruebas son concluyentes en la gran mayoría de los casos y “a veces salta la sorpresa, confiesa Iglesias. “Como en el caso en el que la hermana mayor de la clienta era la amante. Fue un caso rarísimo, porque pueden estar involucradas amigas o amigos, pero no familiares directos, y menos la hermana mayor”, apostilla.
Durante la investigación, y conforme se va acercando el final, algunos clientes piden un informe muy detallado, otros quieren saber cómo ha transcurrido paso a paso, pero también hay muchos que se arrepienten a mitad de camino porque prefieren no enterarse de la infidelidad, haciendo justicia al refrán que nos advierte “ojos que no ven corazón que no siente”.
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